El 13 de junio de 2025, el presunto autor del asesinato de María Fernanda se presentó a rendir un examen en una institución educativa de Asunción, tal como reportó La Nación. La Policía Nacional detuvo al sospechoso horas después de la prueba, en medio de una investigación que busca determinar posibles omisiones en los protocolos de seguridad.
La Fiscalía General del Estado anunció que trabaja junto al Ministerio Público para recabar pruebas forenses y testimonios clave que permitan establecer las motivaciones del crimen. Familiares de la víctima y organizaciones sociales convocaron a manifestaciones pacíficas frente al Palacio de Justicia, exigiendo celeridad en el proceso penal y transparencia en la investigación.
La indignación ciudadana plantea dudas sobre la eficacia de los controles universitarios y policiales, mientras el Poder Judicial evalúa las medidas cautelares para el imputado. En paralelo, expertos en seguridad sugieren revisar los protocolos de acceso a las instalaciones públicas y privadas para evitar que personas bajo investigación puedan continuar con actividades académicas o laborales impunemente.
