El salario mínimo legal en Paraguay, fijado actualmente en G. 2.798.309, podría incrementarse en G. 100.739 en el próximo ajuste, reavivando el debate sobre sus consecuencias en el mercado laboral nacional. Según ABC Color, este umbral obligatorio busca garantizar un ingreso básico, pero enfrenta retos en un contexto de alta informalidad.
La teoría de los salarios de eficiencia, propuesta por el premio Nobel Joseph Stiglitz, sugiere que remunerar por encima del equilibrio puede impulsar la productividad y reducir la rotación. Sin embargo, en Paraguay el 72% de los trabajadores carece de cobertura plena en el sistema de seguridad social, lo que refleja la tentación de las empresas —especialmente las de menor tamaño— de evadir cargas laborales.
Datos del Instituto Nacional de Estadística indican que solo el 28% de la población ocupada cuenta con seguro médico: un 20% en el Instituto de Previsión Social y un 7% en el sector privado. Este mapa de la informalidad explica por qué un alza drástica del salario mínimo podría traducirse en despidos o migración de actividades a la economía no registrada, sobre todo si la demanda de mano de obra se muestra elástica en fases de desaceleración económica.
Otra propuesta en discusión es indexar el salario mínimo a un IPC laboral, medido según la canasta de consumo de los trabajadores. Aunque podría reflejar mejor el costo de vida real, su aplicación en un entorno de alta volatilidad de precios agrava la incertidumbre para empleadores y empleados.
Especialistas consultados por ABC Color coinciden en que cualquier ajuste debe ir acompañado de una estrategia integral: capacitación laboral, incentivos a la formalización, alivios tributarios para micro y pequeñas empresas y medidas para elevar la productividad del capital humano.
Solo así será posible equilibrar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas y la reducción de la informalidad, garantizando un crecimiento inclusivo y sostenible para el mercado laboral paraguayo.
