El Gobierno de Javier Milei publicó el 18 de junio de 2025 un decreto en el Boletín Oficial que autoriza a civiles «legítimos usuarios» la compra y tenencia de armas semiautomáticas, fusiles, carabinas y subametralladoras de asalto de calibre superior al .22, derogando la restricción vigente desde 1995.
La medida, firmada también por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, amplía el catálogo de armamento permitido y responde a la política de flexibilización de la portación iniciada por el gobierno.
Desde mayo pasado, el trámite de «tenencia express» se realiza exclusivamente en formato digital a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), con requisitos de uso deportivo para civiles, según comunicó ABC.
A fines de 2024, otro decreto presidencial redujo la edad mínima para portar armas de fuego de 21 a 18 años, un cambio avalado por la ministra Bullrich al argumentar que los mayores de esa edad pueden «formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad».
Organizaciones de derechos humanos y expertos alertan sobre el repunte de la violencia armada: Chequeado cita datos del Centro de Estudios Legales y Sociales que indican que uno de cada dos homicidios dolosos en 2022 fue perpetrado con un arma de fuego.
Según otra investigación de Chequeado, en la Argentina cerca de un millón de personas tienen credenciales de usuario de armas de fuego, pero más del 65% se encuentran vencidas y sin renovación.
