En Asunción, la ministra de Salud, María Teresa Barán, reveló que 2.700 funcionarios del sector enfrentan procesos judiciales: 930 por juicios de prestación alimentaria y 1.770 por embargos salariales. La información fue dada a conocer tras la reunión con la Comisión Especial “antimafia de los pagarés”, encargada de investigar la trama delictiva conocida como ‘Mafia de los pagarés’.ABC Color
Barán admitió que el Ministerio de Salud es una de las instituciones más afectadas y anunció un plan integral para proteger los sueldos del personal, que incluye:
- Capacitación en educación financiera para que los empleados comprendan sus derechos y opciones.
- Asesoría jurídica personalizada a través de la Dirección de Giraduría para gestionar la suspensión de embargos cuando sea procedente.
- Revocación de descuentos voluntarios autorizados sin pleno conocimiento de los funcionarios.
- Interconexión con el Instituto de Previsión Social (IPS), la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y otras entidades para evitar duplicaciones de descuentos.
La ministra enfatizó que, aunque la ley permite retener hasta el 25% del salario para atender órdenes judiciales, existe margen para minimizar el impacto en enfermeras, técnicos y personal de apoyo que concentran la mayoría de los casos.
Apoyo del Senado
El senador Rafael Filizzola (PDP), presidente de la comisión “antimafia de los pagarés”, calificó la iniciativa de positiva y afirmó que comparten el objetivo de garantizar transparencia en los descuentos. “Buscamos que el personal sepa exactamente qué se le está reteniendo y que no se excedan los límites legales”, declaró.ABC Color
Filizzola anunció que la próxima semana convocarán al presidente del IPS, al decano de la Facultad de Medicina de la UNA y a representantes del Banco Nacional de Fomento (BNF) para avanzar en una solución técnica y duradera.
