El pasado 22 de junio de 2025, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ejerció el veto total sobre el proyecto de ley que proponía regular los honorarios de los defensores públicos en el país. Según el mensaje oficial, la iniciativa presenta “una serie de cuestiones que la hacen inviable”, entre ellas inconsistencias presupuestarias y posibles afectaciones a la autonomía institucional.
El texto, aprobado previamente por la Cámara de Diputados, buscaba establecer topes y criterios claros para el pago de servicios de la Defensa Pública, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de recursos y mejorar la calidad de la asistencia legal gratuita. No obstante, el Ejecutivo consideró que carece de un estudio financiero preciso y podría comprometer la operatividad de los tribunales.
Con este veto, el Gobierno convoca a un debate más profundo sobre el rol de la Defensa Pública y la necesidad de contar con un marco normativo sostenible. De acuerdo con la Constitución, la iniciativa deberá regresar al Congreso para su revisión o archivarse definitivamente.
Para más información, consulte la nota original de La Nación.
