En recientes declaraciones, un alto funcionario del gobierno afirmó que el presunto líder en cuestión “ostenta una riqueza manchada de sangre”, sugiriendo que parte de sus recursos fueron obtenidos mediante vínculos con organizaciones violentas y prácticas ilícitas UltimaHora. Según el vocero, existen indicios de financiamiento de grupos armados y posibles violaciones a los derechos humanos que habrían servido para engrosar su fortuna personal.
La denuncia ha sido recibida con preocupación por organizaciones civiles y organismos internacionales, que piden la apertura de investigaciones exhaustivas. Defensores de derechos humanos advierten que, de confirmarse, estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad y lavado de dinero a gran escala.
Mientras tanto, sectores del oficialismo han iniciado gestiones para presentar ante la Corte Penal Internacional un dossier con pruebas preliminares. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el origen de los fondos, los intermediarios implicados y el papel de bancos extranjeros en la operación financiera del acusado.
