En los últimos días, diversas cámaras empresariales y analistas jurídicos han expresado su preocupación por las irregularidades detectadas en la licitación lanzada por el Banco Nacional de Fomento (BNF). Según advierten, estos ‘atropellos’ podrían debilitar la confianza de los inversores y comprometer la transparencia del proceso.
El sector privado señala que la adjudicación de contratos carece de criterios claros de evaluación y adolece de falta de publicidad en el puntaje otorgado a los oferentes. “La opacidad en algunos pasos del proceso abre la puerta a impugnaciones y pone en jaque la seguridad jurídica del país”, afirmó un representante de la Cámara Paraguaya de Infraestructura.
La normativa vigente exige que todas las etapas de una licitación pública sean totalmente accesibles y comprobables, algo que, según denuncian, no se ha cumplido. La filtración de documentos internos y la ausencia de auditores externos independientes han avivado el malestar de gremios como la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara de Comercio, que ya estudian presentar recursos formales.
Desde el BNF, sus voceros defendieron la transparencia del proceso, asegurando que se ajusta a los reglamentos internos y a la Ley de Contrataciones Públicas. No obstante, hasta el momento no han difundido el desglose completo de las ofertas ni el informe de recomendaciones de la comisión evaluadora.
Analistas legales advierten que de no corregirse estas deficiencias, Paraguay podría enfrentar demandas internacionales y fuertes sanciones, afectando la calificación crediticia del país. Hasta ahora, ninguna de las partes ha presentado oficialmente la licitación ante el Tribunal de Cuentas, lo que añade un nuevo elemento de incertidumbre.
La situación mantiene en vilo a grandes contratistas nacionales y extranjeros, mientras la opinión pública reclama mayor rendición de cuentas. El desenlace de este escándalo será clave para medir el compromiso del Estado con la legalidad y la transparencia en sus procesos de contratación.
Fuente: ABC
