El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó, por mayoría de siete votos frente a dos, al gobierno del presidente Donald Trump a retirar la protección legal temporal —conocida como “parole humanitario”— concedida a 532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. La medida afecta a ciudadanos que, hasta ahora, podían vivir y trabajar en el país de forma provisional bajo un estatus ampliado en enero de 2023 por la administración de Joe Biden. Última Hora
Los magistrados conservadores consideraron procedente la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, suspendiendo el fallo previo de una jueza federal de Massachusetts que impedía la anulación automática de este estatus sin evaluación individual de cada caso. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson emitieron votos disidentes, señalando que el tribunal subestima las consecuencias humanitarias y no exige al Gobierno las garantías necesarias para evitar daños irreparables a los beneficiarios. Brown Jackson advirtió que muchos migrantes se enfrentarán a la expulsión inmediata o a peligros en sus países de origen si deciden regresar.
La ampliación del “parole humanitario” por parte de la administración Biden buscaba canalizar de forma ordenada la llegada de ciudadanos de nacionalidades con alta representación en la frontera sur de México. Con la decisión del Supremo, quedan en suspenso los procedimientos legales que analizaban caso por caso y se abre un periodo de incertidumbre para más de medio millón de personas, cuyas solicitudes de asilo o renovación de estatus ahora carecen de protección inmediata.
