El uruguayo Sebastián Marset, requerido por la justicia internacional por delitos de narcotráfico, reapareció con una carta de más de veinte páginas dirigida a la periodista Patricia Marín y leída íntegramente en Última Hora. En el documento, el capo prófugo descarga toda su artillería verbal contra el Estado paraguayo, al que acusa de montar una persecución política y judicial a su familia mientras, según él, colabora con el narcotráfico.
Marset designa directamente al director de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU), Daniel Fernández, como pieza clave en el negocio ilícito: “Es un delincuente con diploma”, afirma, y denuncia que ninguna operación de cocaína se hace sin su visto bueno. Además, asegura que su hermano y cuñado fueron imputados injustamente por tener vehículos registrados a su nombre.
Uno de los reclamos más urgentes es la liberación de su pareja, Gianina García Troche, extraditada desde España y detenida en Viñas Cue bajo cargos de lavado de dinero. Marset sostiene que no hay pruebas contra ella ni contra él y califica de “farsa” las acusaciones por asociación criminal y narcotráfico.
El narcotraficante cuestiona también la validez de las pruebas obtenidas a través de la aplicación encriptada Sky ECC, argumentando que la intervención fue ilegal, sin cadena de custodia y, por ello, inadmisible en tribunales. “Sky no es prueba aceptada en varios países”, subraya.
En un tono desafiante, Marset lanza amenazas veladas: dice tener «media ciudad tomada» y advierte que, de ser capturado, podría revelar información comprometedora de figuras de poder. Al mismo tiempo, propone negociar un acuerdo para liberar a su familia: “Digan la cifra y terminemos con esta farsa”, escribe.
La carta también incluye críticas al rol de Paraguay como socio de Estados Unidos en la lucha antidrogas, al tiempo que, según Marset, se beneficia del mismo narcotráfico. El prófugo elogia al gobierno venezolano por “plantarse” ante Washington y lanza pullas a Uruguay y Bolivia, donde asegura no existir pruebas en su contra.
El surgimiento de este documento agrava la tensión entre el gobierno paraguayo y las organizaciones criminales transnacionales, y plantea interrogantes sobre la fortaleza de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico en la región.
