El 5 de junio de 2025, la Comisión legislativa analizó la exposición de Miguel Prieto y coincidió en que su defensa tuvo un enfoque político más que técnico, lo cual no resultó suficiente para desligar las graves acusaciones en su contra. Según La Nación, los comisionados señalaron que existen “hechos gravísimos” que ameritan la intervención de las autoridades competentes.
Durante la sesión, los legisladores resaltaron la ausencia de pruebas técnicas y exigieron la incorporación de expertos que aporten claridad al caso. La negativa a aceptar un alegato político evidencia la presión del cuerpo parlamentario por garantizar transparencia y responsabilidad en la investigación.
