El pasado 5 de junio de 2025, Enrique Javier Lovera, auxiliar administrativo de la Municipalidad de Quyquyhó, interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de postergar la audiencia preliminar en la causa que investiga el presunto desvío de G. 1.109 millones de la comuna local. Según ABC Color, Lovera alega que el juez Humberto Otazú actuó con “animosidad” e intimidó a su nueva abogada, impidiéndole participar de manera efectiva en el proceso.
La causa, iniciada en diciembre de 2023, tiene como principales imputados al diputado cartista Esteban Samaniego (ANR, HC) —quien por sus fueros parlamentarios aún no fue procesado—, su esposa Patricia Corvalán y su madre Blanca Álvarez Vda. de Samaniego. Todos ellos enfrentan cargos por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal, luego de que la Fiscalía, a cargo de Silvio Corbeta, solicitará la elevación a juicio oral y público.
En su escrito ante la Corte, Lovera cuestiona la resolución del Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos, que el 20 de mayo rechazó su recusación contra el juez Otazú y confirmó su competencia en la causa. El acusado sostiene que dicha sala realizó una “interpretación distorsiva y cercenadora” de la normativa procesal al no analizar aspectos de forma.
Asimismo, Lovera afirma que el magistrado advirtió públicamente que revocaría las medidas alternativas para dictar prisión preventiva, lo que generó “sorpresa” entre los presentes. A su vez, denuncia que el juez remitió sus antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema sin otorgar participación a su defensa, lo que, a su juicio, revela un trato desigual.
Este nuevo recurso se suma a las múltiples chicanas procesales empleadas por los acusados para dilatar la audiencia preliminar, un argumento que la Fiscalía rechaza al considerar que no existen causales razonables para demorar el avance del proceso.
El desenlace de este trámite podría definir la fecha de la próxima audiencia y los pasos hacia el juicio oral, en el que se deberán probar las imputaciones contra los familiares del legislador.
