El 21 de mayo de 2025, el Ejecutivo nacional emitió un decreto que elimina la mayoría de las regulaciones vigentes sobre el transporte marítimo y fluvial en el país, permitiendo una mayor participación del sector privado en la operación de buques, terminales portuarias y vías navegables interiores.
Según el texto oficial, la desregulación apunta a optimizar los tiempos de carga y descarga, reducir los costos operativos y fomentar la competencia, con la expectativa de impulsar el comercio exterior argentino y mejorar la conectividad regional.
Sin embargo, la decisión ha generado reacciones diversas: mientras autoridades destacan su potencial para dinamizar la economía, sindicatos y asociaciones logísticas advierten sobre posibles impactos en la calidad del empleo y la seguridad operativa.
Fuente: abc
