Buenos Aires, 29 de mayo de 2025. El gobierno argentino, a través del Decreto 366/2025, endureció las condiciones para la obtención de la ciudadanía, modificó las normas de residencia y habilitó el cobro de aranceles en servicios públicos para extranjeros no residentes. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, forma parte de una estrategia más amplia de control migratorio y priorización de los derechos de los ciudadanos argentinos.
Según informó Última Hora, la reforma introduce cambios en la Ley de Migraciones 25.871, la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346. Entre las principales novedades figura la exigencia de seguros médicos privados o el pago previo de servicios de salud no urgentes para quienes no cuenten con residencia permanente.
La reforma mantiene la cobertura sanitaria de emergencia para todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa, pero restringe el acceso al sistema público de salud y universidades gratuitas a quienes no residan de forma permanente en el país. En este sentido, el decreto especifica que los residentes permanentes conservarán los mismos derechos que los ciudadanos locales.
Por su parte, el portal Página 12 destaca que el objetivo del gobierno es reforzar el control en fronteras y optimizar el uso de recursos en educación y salud, dos áreas que habían sido gratuitas para todos los migrantes en el pasado. La reforma también agiliza los procesos de deportación para aquellos extranjeros que cometan delitos o superen el plazo de estancia legal.
El decreto ya está en vigencia y despierta el debate entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales, y sectores oficiales que defienden la medida como necesaria para priorizar el bienestar de los argentinos.
