El domingo 1 de junio de 2025, México celebró la primera elección popular para nombrar jueces, magistrados y ministros a nivel federal y en 19 estados, un cambio histórico en la judicatura tras tres décadas sin consulta ciudadana.
Según datos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), basados en una muestra aleatoria de casillas certificadas por notarios, la participación osciló entre el 12,57% y el 13,32% de los casi 100 millones de ciudadanos convocados, muy por debajo del 20% que había proyectado la presidenta Claudia Sheinbaum (Ultima Hora).
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, destacó que la jornada transcurrió de manera ordenada y sin incidentes mayores. No obstante, diversos sectores académicos y asociaciones judiciales han alertado sobre la complejidad de la papeleta —con más de 3.400 candidaturas— y el riesgo de poca información para los votantes.
Claudia Sheinbaum, impulsora de la reforma judicial, celebró la jornada en sus redes sociales: “La elección histórica del Poder Judicial ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas salieron a ejercer por primera vez en la historia quiénes deben ser ministros, magistrados y jueces”. La mandataria atribuyó el proceso a la transparencia y austeridad de las campañas, y defendió el método como garantía de imparcialidad frente a posibles intentos de control político.
A pesar de su mensaje optimista, el revés en la participación supone un golpe a la iniciativa de reforma de Sheinbaum, que buscaba superar la marca del 17,77% obtenida en la consulta de revocación de mandato de 2022. Votantes como Remedios Torres, de Ciudad de México, coincidieron en calificar la jornada como “un ejercicio de responsabilidad”, pero también como “confuso” y “abrumador” debido a la abundancia de nombres en las boletas.
El resultado final, que se conocerá en aproximadamente dos semanas, determinará la renovación de 881 cargos federales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y cientos de puestos locales, en un proceso que redefine el equilibrio entre poderes en México.
