El 13 de junio de 2025, la Fiscalía paraguaya desestimó las acusaciones por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y evasión fiscal contra el expresidente Horacio Cartes, originadas tras el escándalo de los Panamá Papers en 2018.
El senador Rafael Filizzola (PDP) calificó esta decisión como un “blanqueo político” que evidencia la sumisión del Ministerio Público al poder cartista. En sus redes sociales, afirmó que el archivo de las causas confirma al contralor Camilo Benítez como “idiota útil” del entorno de Cartes y denunció un patrón de impunidad impulsado por exfiscales ahora premiados, como Osmar Legal y Liliana Alcaraz. Filizzola recordó que ni siquiera se solicitaron informes a EE.UU. sobre las operaciones vinculadas al avión iraní de Tabesa, decomisado por la Justicia norteamericana. ABC Color
En contraste, el presidente de la República, Santiago Peña, defendió a Cartes como un “perseguido político” y aseguró que el Ministerio Público “actuó como corresponde” al desestimar las causas contra su padrino político. Peña sostuvo que desde 2018 hubo una “terrible persecución” por parte de gobiernos anteriores que utilizaron las instituciones del Estado para avanzar contra adversarios, y que el “tiempo ha sido juez inexorable”. ABC Color
Estas declaraciones reflejan la polarización en torno al caso Cartes y plantean nuevas preguntas sobre la independencia del Ministerio Público y la influencia política en la investigación de altos exfuncionarios.
