SAO PAULO, 4 de junio de 2025 – La Corte Suprema de Brasil reanudó hoy un juicio clave para regular las redes sociales en el país, en un proceso pionero en América Latina sobre la responsabilidad de las plataformas en la difusión de noticias falsas y discursos de odio. Ocho de los once ministros aún deben emitir su voto para decidir si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y retirar contenidos ilícitos de forma proactiva, más allá de la actual exigencia de órdenes judiciales.
El debate judicial se da en paralelo al juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus excolaboradores por un presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Según la fiscalía, los acusados emplearon redes sociales para cuestionar la fiabilidad del sistema electoral y promover la desinformación, un argumento que refuerza la necesidad de una regulación más estricta.
Los primeros tres magistrados que han votado se pronunciaron a favor de ampliar la responsabilidad de las plataformas más allá del Marco Civil de Internet vigente desde 2014, que limita la obligación de las empresas a acatar mandatos judiciales para retirar contenidos. La decisión final definirá criterios de sanción y prevención que tendrán alcance nacional e impactarán en el esquema global de libertad de expresión y control de la desinformación.
En agosto de 2024, el juez Alexandre de Moraes ordenó el bloqueo temporal de la red X en Brasil por su negativa a eliminar cuentas que distribuían contenido considerado desinformativo. Tras 40 días de suspensión, el propietario de X, Elon Musk, acató la orden y reestableció el servicio. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, analiza sanciones contra Moraes por presunta persecución política al entorno de Bolsonaro.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentó ayer en rueda de prensa: “No se puede confundir golpe de Estado con libertad de expresión”, y urgió a “acelerar la reglamentación” de las plataformas para preservar la democracia. La resolución del tribunal está prevista para las próximas semanas y podría sentar un referente regional en la lucha contra la desinformación online.
Fuente: ABC
