En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 3 de junio de 2025, legisladores opositores criticaron al Ejecutivo por haber rechazado en 2024 un proyecto de ley que creaba un protocolo de actuación y un registro nacional de personas desaparecidas, y que ahora se anuncia como “medida” tras el caso de la adolescente Fernanda Benítez. ABC
Los diputados liberales Enrique Antonio Buzarquis y Rodrigo Blanco recordaron que el proyecto fue archivado por recomendación de la Policía Nacional y del Ministerio de Economía, bajo el argumento de falta de presupuesto y relevancia. Buzarquis rompió simbólicamente la hoja con el texto de la norma y la del protocolo policial, subrayando que la resolución N° 666 “no sirve para nada” al no contar con los recursos necesarios para operar, pues dispone de apenas 17 funcionarios para todo el país y ningún monto asignado. ABC
El caso de Fernanda Benítez, quien fue denunciada como desaparecida el 2 de junio y encontrada sin vida horas después, puso de manifiesto las demoras burocráticas en procesos de búsqueda: denuncias que tardan 24, 48 horas o más para activarse. “La vida de una persona no aguarda plazos. La Policía y la Fiscalía tienen que actuar inmediatamente”, reclamó Buzarquis. ABC
Rodrigo Blanco lamentó que, pese a la aprobación unánime en Diputados, el Senado frene la promulgación de la norma. Alertó que en lo que va del año se denunciaron más de 800 casos de personas desaparecidas, de los cuales cerca del 70% corresponden a menores y adolescentes, sin existir un mecanismo eficaz de búsqueda inmediata. ABC
La bancada opositora pidió reactivar el proyecto y trabajar junto al Ejecutivo para dotar de herramientas legales y presupuestarias al Estado, con el fin de evitar que tragedias como la de Fernanda Benítez vuelvan a repetirse. “Es hora de legislar lo que obligue al Estado a responder con inmediatez”, concluyó Blanco. ABC