En los últimos años, Paraguay ha registrado un crecimiento sostenido de los índices de criminalidad que va más allá de la mera estadística policial. Según el análisis publicado por La Nación, factores económicos como la brecha salarial, el desempleo juvenil y la precariedad laboral configuran un caldo de cultivo propicio para la actividad delictiva.
El informe señala que, en zonas urbanas y rurales del país, más de un 40% de los hogares vive por debajo de la línea de pobreza, lo que se traduce en una búsqueda de ingresos alternativos, muchas veces ilegales. A esto se suma la falta de acceso a servicios básicos y la escasa presencia del Estado en comunidades periféricas, donde los jóvenes se sienten excluidos y vulnerables a redes de crimen organizado.
En el plano social, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar y la ausencia de programas de reinserción generan un ciclo de inseguridad. Expertos en sociología advierten que sin espacios de contención y oportunidades de formación, los adolescentes corren mayor riesgo de caer en pandillas o en el narcotráfico.
Para revertir esta realidad, el artículo de La Nación propone impulsar una agenda multisectorial que incluya estímulos fiscales a pequeñas y medianas empresas, programas de empleo juvenil, fortalecimiento de la red de protección social y la modernización de la Policía Nacional con enfoque comunitario.
La clave está en abordar tanto las causas económicas —generando oportunidades de trabajo y reduciendo las desigualdades— como las dimensiones sociales —brindando apoyo psicológico, educativo y cultural— para construir una estrategia de seguridad ciudadana sostenible y a largo plazo.
