El pasado 30 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo provisional que autoriza al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de parole de 532.000 migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, otorgado por el programa CHNV iniciado por la administración de Joe Biden, informó ABC.
La decisión, adoptada por la mayoría conservadora del tribunal, tiene carácter temporal hasta que una corte de apelaciones se pronuncie sobre el fondo del caso. Trump, que hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes, recurrió incluso a una ley del siglo XVIII para expulsar a presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, en su estrategia de elevar las tasas de deportación.
Las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su disidencia, advirtiendo de las “consecuencias devastadoras” en “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de personas mientras sus reclamaciones legales siguen pendientes”. Según ellas, los migrantes enfrentan dos opciones “insoportables”: regresar a sus países de origen, con alto riesgo de violencia y separación familiar, o someterse a una expulsión inmediata dentro de Estados Unidos.
El programa de parole humanitario comenzó en octubre de 2022 para permitir el ingreso legal de un cupo de venezolanos, bajo requisitos de patrocinio financiero, control de antecedentes penales y vacunación. En enero de 2023 se amplió a Cuba, Haití y Nicaragua. La jueza de distrito Indira Talwani, en Boston, había suspendido en abril la revocación del estatus, argumentando que la expulsión acelerada solo aplica a quienes ingresan ilegalmente al país.
Con este fallo, se reabre el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos y el futuro de cientos de miles de familias latinoamericanas, a la espera de la decisión final de la Corte de Apelaciones.
