Cada 12 de junio, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, organizaciones de la sociedad civil en Paraguay denuncian que el criadazgo persiste como una de las formas más extendidas y naturalizadas de explotación infantil en el país. A pesar de su ilegalidad y de las advertencias de expertos, miles de niños, niñas y adolescentes son alejados de sus hogares rurales y trasladados a ciudades para cumplir labores domésticas a cambio de alojamiento, comida y educación.
Según la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes de 2011, al menos 47.000 casos de criadazgo quedaban registrados, cifra que no se actualiza desde entonces y evidencia la falta de monitoreo estatal. “El criadazgo es un tipo de violencia estructural, disfrazada de costumbre. Nombrarlo y cuestionarlo es el primer paso para su erradicación”, aseguró Marta Benítez, directora de Global Infancia en diálogo con Última Hora.
La acción "Infancia archivada", impulsada por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), consistió en distribuir biblioratos con expedientes ficticios basados en relatos reales. “Queremos instalar una conversación necesaria sobre el criadazgo y comprometernos, como sociedad, a erradicarlo”, explicó Cynthia Florentín, directora ejecutiva de CDIA.
Testimonios de explotación y abandono
Los expedientes relatan casos como el de Susana, de 9 años, enviada desde Guairá a Asunción, donde realizaba tareas de cocina, limpieza y cuidado de niños a cambio de una cena condicionada a su rendimiento; o el de Ricardo, de 13 años, que cargaba cemento y sufría quemaduras y marcas por sobrecarga. Niños y niñas trabajan jornadas completas, sin acceso a educación regular ni protección contra el abuso.
En paralelo, el Senado paraguayo ha visto posturas que justifican estas prácticas como parte de la “cultura nacional”. El Ejecutivo, sin embargo, prepara una nueva propuesta para sancionar el criadazgo (Última Hora), mientras que expertos alertan sobre “vacíos y debilidades” en la prevención del abuso infantil (Última Hora).
Activistas y organizaciones insisten en la necesidad de actualizar estadísticas, fortalecer los mecanismos de denuncia y promover campañas de sensibilización en zonas rurales. Solo así, aseguran, será posible visibilizar y combatir una práctica que somete a la infancia paraguaya a un ciclo de explotación y vulneración de derechos.
