El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió una circular el 20 de mayo de 2025 en la que instruye a los funcionarios del Ministerio Público a “guardar secreto” sobre las investigaciones y actuaciones en curso. Según el documento publicado por ABC, la medida busca proteger la integridad de los procesos judiciales y evitar filtraciones que puedan entorpecer las indagaciones.
La disposición, sin embargo, generó una fuerte reacción entre periodistas y organizaciones dedicadas a la libertad de expresión, que advierten que la restricción podría vulnerar el derecho de acceso a la información pública y los principios de transparencia institucional. Para sus críticos, la circular plantea una barrera al trabajo periodístico y limita el escrutinio ciudadano.
El debate se extendió rápidamente en redes sociales y foros especializados, donde distintos medios y comunicadores reclamaron mayor claridad sobre los alcances de la medida y demandaron una revisión o aclaración oficial por parte del Ministerio Público. Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento adicional que modifique o precise el alcance de la circular.
