La Junta Municipal de Asunción aprobó el pasado miércoles un dictamen que emplaza al Ejecutivo municipal a derogar la resolución 2424/2019, que reglamenta la Cuenta Única creada por la ordenanza 175/18. El pedido responde a un informe de la Contraloría General de la República que calificó este mecanismo como “claramente ilegal” para gobiernos municipales. Última Hora
Según la reglamentación cuestionada, la Cuenta Única agrupa recursos del crédito público y de las arcas institucionales para su administración conjunta. A través de este sistema, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez habría desviado fondos de los bonos G6 (2020), G7 (2021), G8 (2022) y G9 (2023) —destinados originalmente a obras de infraestructura— hacia gastos corrientes y otros fines no contemplados. Última Hora
En el dictamen, la Comisión de Legislación sugiere solicitar asistencia y asesoramiento técnico y legal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para diseñar procesos contables que permitan una transición ordenada hacia un sistema de gestión financiera municipal. Además, exige un informe pormenorizado sobre la ejecución de los bonos emitidos entre 2020 y 2023, utilizando una planilla de auditoría oficial que garantice el control del destino final de los recursos.
El contralor Camilo Benítez remitió el 16 de mayo último un documento al ministro del Interior señalando que el uso de la Cuenta Única viola la Ley Orgánica Municipal (3966/10) y la Ley de Administración Financiera del Estado (1535), que prohíben el financiamiento de gastos corrientes con crédito público. En julio de 2024, la Contraloría reveló que G. 500.000 millones de los bonos G8 y G9 siguen sin aparecer en el balance de la comuna.
El concejal Álvaro Grau advirtió que “una regulación de menor rango no puede contradecir normas superiores” y calificó la práctica como “totalmente inconstitucional e ilegal”. Por su parte, el intendente Rodríguez defiende el mecanismo argumentando que los recursos son “volátiles” y pueden reponerse según las necesidades municipales.
El debate, que enfrenta a la Junta Municipal, la Contraloría y la Intendencia de Asunción, gira ahora en torno a la búsqueda de un modelo de gestión transparente que respete la normativa vigente y garantice la correcta ejecución de los recursos públicos.
