La esposa del diputado Miguel Ángel Bogarín Alfonso anunció su postulación para integrar el Consejo de la Magistratura, un organismo clave en la selección y remoción de jueces en el país. Su decisión ha generado un intenso debate sobre la legalidad de su candidatura, ya que la Constitución prohíbe que parientes directos de autoridades electas participen en concursos destinados a garantizar la imparcialidad judicial.
Especialistas en derecho constitucional sostienen que la inclusión de familiares de legisladores en el proceso puede comprometer la independencia del órgano, al existir un evidente conflicto de intereses. La controversia se centra en la interpretación de los artículos que regulan la incompatibilidad y la transparencia en los designios judiciales.
Organizaciones de la sociedad civil y algunos sectores de la oposición exigen al Poder Legislativo y al Tribunal Superior de Justicia Electoral revisar la validez de la inscripción de la aspirante y aclarar si, en efecto, se está vulnerando el texto constitucional. Mientras tanto, el debate sobre la ética y la legalidad en la política judicial queda abierto.
Fuente: abc
