En febrero de 2022, el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó una denuncia ante el Congreso contra el expresidente Horacio Cartes, señalándolo como posible responsable del tiroteo ocurrido en San Bernardino. La sesión en la que expuso sus argumentos careció de quórum, lo que generó cuestionamientos sobre la formalidad del procedimiento y la solidez de la acusación La Nación.
Recientemente, documentos internos filtrados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) revelan que las pruebas aportadas por Giuzzio no registran ninguna operación financiera ni vínculo comprobable entre Cartes y los hechos denunciados. Según estas actas, la denuncia carece de sustento documental y contradice los protocolos de investigación establecidos por el organismo La Nación.
La revelación de Seprelad ha reavivado la polémica entre la bancada oficialista y la oposición, que se acusan mutuamente de utilizar las instituciones estatales con fines partidarios. Por su parte, la defensa de Cartes exige una retractación pública de Giuzzio y ha advertido con iniciar acciones legales por difamación.
