El 13 de mayo de 2025, el ministro del Interior, Federico González Giuzzio, dispuso la paralización inmediata de la investigación que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) mantenía contra el gobernador Francisco Javier Pereira Rieve por presuntas irregularidades vinculadas al contrabando de sustancias controladas.
La Senad había iniciado esta pesquisa tras detectar transferencias bancarias irregulares y cruces de datos con la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero, apuntando a posibles nexos del mandatario departamental con redes de contrabando. Con la medida de Giuzzio, el organismo antidrogas ve comprometido el acceso a expedientes clave y testigos esenciales para el avance de su denuncia.
Organizaciones de la sociedad civil y bloques de la oposición criticaron la suspensión, al considerar que se trata de una interferencia política en la autonomía de la Senad. Diputados opositores anunciaron que solicitarán la interpelación del ministro Giuzzio en el Congreso, mientras que legisladores oficialistas respaldaron la decisión alegando la necesidad de «resguardar la legalidad y evitar filtraciones de información sensible». La Nación
