El pasado 13 de junio, la gobernadora Susana Zárate de Monges (ANR) reconoció públicamente en la Gobernación de Paraguarí que su investidura “se debe al Partido Colorado”, mientras el ministro de Gobierno, Luis Baruja, avaló esta proclama, fomentando una práctica de proselitismo político dentro de una dependencia pública. Este suceso reaviva la polémica sobre la línea que debe existir entre el ejercicio del poder estatal y la militancia partidaria. ABC
La Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil establece de manera tajante la prohibición de realizar actividades políticas o propagandísticas en las instalaciones del Estado, así como el uso de recursos públicos para fines ajenos a la gestión administrativa. No obstante, según críticos y opositores, el silencio de los concejales departamentales y la falta de investigación por parte de las autoridades competentes dejan en evidencia la debilidad de los mecanismos de control. ABC
El ministro Baruja, ya señalado en el pasado por conductas similares durante su gestión como gobernador, refuerza la impresión de que estas acciones no responden a un desliz aislado, sino a una concepción arraigada de que el poder público puede instrumentalizarse para objetivos partidarios. Organizaciones de la sociedad civil advierten que esta ambigüedad entre Estado y partido atenta contra la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones. ABC
Expertos en ética pública coinciden en que, más allá de la reforma normativa, resulta imperativo promover un cambio cultural en la administración estatal, donde prevalezca el interés general sobre las lealtades políticas. Asimismo, reclaman una actuación firme de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público para sancionar desviaciones de poder y evitar la reaparición de prácticas autoritarias. ABC
La convocatoria de debates y audiencias públicas, junto con la vigilancia ciudadana y el periodismo independiente, se presentan como herramientas clave para reforzar la separación entre partido y Estado. En un contexto donde la democracia se construye sobre la base del respeto a la ley, la sociedad exige que se investigue este episodio y se garantice que no se repitan actos que atenten contra la neutralidad del servicio civil.
Fuentes originales
https://www.abc.com.py/opinion/2025/06/22/poder-publico-al-servicio-del-partido/
