En 2025, el Gobierno de Estados Unidos otorgó un contrato de 30 millones de dólares a la tecnológica Palantir, fundada por Peter Thiel, para dotar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de un sistema avanzado de vigilancia migratoria y autodeportación en casi tiempo real, según informa ABC. La investigadora Stevie Glaberson, del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, alerta de que ICE ya accede a datos de conducción, facturas del hogar y celulares de migrantes y no migrantes, sin los mismos límites judiciales que el FBI.
En Europa, gobiernos de Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Noruega y Reino Unido retiran por defecto los móviles a los solicitantes de asilo para acceder a mensajes borrados, historial GPS, fotos y contactos, denuncia Beatriz Martos, experta en tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional. Cámaras térmicas y drones con IA se emplean en el Mediterráneo y el Atlántico bajo la premisa de salvar vidas, pero ONG advierten de violaciones sistemáticas de derechos.
En España, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) —desarrollado por Indra, Telefónica y Escribano Mechanical Engineering con inversiones millonarias— rastrea embarcaciones en las islas Canarias para impedir el acceso de ‘cayucos’. Youssef Ouled, director de AlgoRace, critica la opacidad y el impacto social de estas tecnologías, que obligan a los migrantes a tomar rutas más peligrosas: en 2024, Caminando Fronteras registró más de 10.000 muertes en la ruta canaria, la más peligrosa hacia Europa.
Las voces críticas advierten de una “opacidad brutal” en el uso de IA y algoritmos por parte de las administraciones, y cuestionan si se desea una sociedad en la que un presidente pueda monitorear a todos sus ciudadanos sin controles judiciales.
