El 30 de mayo venció el plazo acordado entre Paraguay y Brasil para firmar el nuevo Anexo C del Tratado de Itaipú, sin que el Gobierno brasileño remita el informe detallado sobre las operaciones de espionaje de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) contra autoridades paraguayas durante 2022-2023.
El ministro de Industria y Comercio y negociador del Anexo C, Javier Giménez, afirmó que la reactivación de las conversaciones dependerá de la entrega de un dossier formal que aclare el alcance de estas acciones. Según Giménez, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil admitió la existencia de dichas operaciones y atribuyó la responsabilidad al gobierno de Jair Bolsonaro, aún no se han recibido explicaciones oficiales.ABC Color
El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, advirtió esta semana que, de prolongarse el retraso, podría revisarse a la baja la tarifa de US$ 19,28 por kW/mes pactada, lo que reduciría los ingresos destinados a proyectos sociales y ambientales en ambos países.
Para el presidente Santiago Peña, el acuerdo vigente representa un “logro histórico” que aportaría a Paraguay un ingreso adicional de US$ 650,9 millones en los próximos tres años. No obstante, el Ejecutivo enfatiza que la negociación está condicionada a restablecer la confianza mediante la información solicitada.
Hasta el momento, Brasil no ha entregado el informe exigido por Paraguay, por lo que el futuro del Anexo C sigue en suspenso hasta que se cumpla con este requisito indispensable para retomar el diálogo.
