El 17 de junio de 2025, el presidente argentino Javier Milei firmó un decreto que permite a la Policía federal y provincial llevar a cabo requisas y detenciones sin necesidad de contar previamente con una orden judicial. Según el gobierno, esta medida busca agilizar la respuesta de las fuerzas de seguridad frente al aumento de la criminalidad.
La decisión, que forma parte del paquete de reformas en materia de seguridad presentado por Milei, ha sido respaldada por sectores que consideran urgente reforzar el accionar policial. Sin embargo, organismos de derechos humanos y la oposición advierten sobre los riesgos de posibles abusos y la erosión de las garantías constitucionales.
Además, críticos señalan que la norma podría chocar con precedentes judiciales que exigen la intervención de un juez para garantizar el debido proceso. Organizaciones civiles ya han anunciado recursos legales para impugnar la disposición presidencial.
La entrada en vigor de esta medida se produce en un contexto de fuerte debate en Argentina sobre la seguridad pública, donde la percepción de inseguridad ha llevado a sucesivos gobiernos a implementar políticas de mano dura. El alcance real de estas nuevas facultades policiales dependerá de su reglamentación interna y del control que ejerzan los poderes Legislativo y Judicial.
Fuente: abc