El pasado 6 de enero, Miguel Ángel Robles Ibarra ingresó al penal de Tacumbú tras ser condenado a 10 años de cárcel como “cerebro” del desvío de G. 5.105.600.000 de la Gobernación de Central durante la pandemia de Covid-19. A pesar de la sentencia, conserva su cargo de asesor en la Cámara de Diputados y cobra un salario de G. 11.000.000 mensuales. ABC Color
Ese mismo día en que fue trasladado a Tacumbú, la Cámara baja inició un sumario administrativo y designó a la abogada Sirley González Palau para sustentar la acusación. Se le imputó “abandono de trabajo” por registrar 46 días de ausencias injustificadas entre enero y diciembre de 2024.
El 11 de febrero, la viceministra de Capital Humano y Gestión Gubernamental del MEF, Andrea Picaso, nombró al funcionario José Ocampos Alonzo como juez instructor del procedimiento. Robles alegó que su condena aún no está firme por estar en apelación, argumento que pesó en la resolución final. ABC Color
El 7 de mayo, Ocampos emitió la sentencia definitiva Nº 01/2025, rechazando el pedido de destitución y limitando la sanción a una suspensión sin goce de sueldo por 30 días. Como justificación, el juez invocó el inciso “q” de la Ley 2013/93 –que exige una intimación previa sin respuesta– y destacó que Robles no registraba antecedentes de sanciones administrativas.
En paralelo, un tribunal de Sentencias ratificó el 31 de marzo la prisión preventiva de Robles en Tacumbú, tras desestimar el pedido de su defensa para que cumpliera la medida en arresto domiciliario mientras se resuelve la apelación.
Analistas y opositores señalan que la resolución refleja la influencia política que Robles mantuvo junto al exgobernador Hugo Javier González Alegre –alias “Nº 2”– y al exdiputado cartista Víctor Bogado. En su única declaración jurada de 2018, Robles solo declaró un auto valorado en G. 160.000.000; sin embargo, en marzo ofreció tres inmuebles como caución real para medidas alternativas a la prisión. ABC Color
