El 28 de mayo de 2025, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó recusaciones formales contra siete fiscales y un juez para trabar la audiencia preliminar en su contra. Prieto enfrenta dos imputaciones y arrastra 49 denuncias de la Contraloría Ciudadana por supuestas irregularidades en la administración municipal, desde presunta malversación de fondos hasta nepotismo.La Nación
La medida busca apartar a los funcionarios del Ministerio Público alegando falta de imparcialidad y así postergar el inicio de la etapa preliminar, donde se evaluarán las pruebas que podrían derivar en un juicio oral. Fuentes judiciales señalan que, de prosperar las recusaciones, el proceso podría experimentar nuevos retrasos mientras se asignan sustitutos.
El recurso de Prieto generó críticas de sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, que advierten sobre el uso de estrategias procesales para dilatar investigaciones de alto interés público. El caso pone en tensión la relación entre la comuna de Ciudad del Este y los organismos de control estatal.
