El 10 de mayo de 2015, en Rufino (Santa Fe, Argentina), el hallazgo del cuerpo de la adolescente Chiara Páez —asesinada por su novio y enterrada en el patio de su abuelo— marcó el nacimiento del movimiento “Ni Una Menos”, que reunió protestas sin precedentes en más de 80 ciudades ABC.
Diez años después, Paraguay vive una historia de dolor similar: la joven Fernanda Benítez (17) fue asesinada y calcinada en un baldío de Coronel Oviedo por su pareja. El hecho reavivó la indignación ciudadana y las voces que exigen políticas efectivas contra la violencia de género.
Desde aquel primer “Ni Una Menos”, Argentina logró importantes cambios legislativos y sociales. Según reportes de Clarín, entre sus principales logros están la implementación de la Ley Micaela, la sanción de la Ley de Paridad de Género, la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 y la creación del Plan ENIA, que redujo en casi un 50% los embarazos de adolescentes.
Activistas locales y organizaciones feministas paraguayas señalan que, pese a estas conquistas, los recientes recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei ponen en riesgo la continuidad de programas de prevención, la ampliación de oficinas de atención a víctimas y el fortalecimiento de estadísticas oficiales sobre violencia de género.
Hoy, la memoria de Chiara Páez y el reclamo por Fernanda Benítez se entrelazan en una misma exigencia: que el Estado asuma su responsabilidad y garantice mecanismos reales de protección y justicia para todas las mujeres y adolescentes.
