Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha contestado a la demanda judicial presentada por la denominada “Comisión Garrote”, la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos y Delitos Conexos del Congreso. Según las ONGs, están dispuestas a rendir cuentas pero aseguran que la acción carece de fundamentos legales suficientes y, en consecuencia, solicitan la extinción de la causa.
Las entidades subrayaron que cumplen con todas las obligaciones legales y estatutarias en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos que gestionan. Además, denunciaron que el proceso abre un precedente que podría limitar la labor de fiscalización e incidencia de la sociedad civil en temas de gobernanza y derechos humanos.
La demanda se basa en la supuesta negativa de las organizaciones a proporcionar datos sobre el uso de fondos. Sin embargo, las ONGs argumentan que han respondido en múltiples ocasiones a requerimientos similares y que la acción judicial carece de motivación y excede las facultades de la Comisión Bicameral. Última Hora
