Organizaciones civiles y de personas con discapacidad publicaron un comunicado en el que demandan al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) garantizar la vigencia de la Ley N° 5.136/13 de Educación Inclusiva y no derogar la Resolución N° 376/25, a fin de asegurar la inclusión real de estudiantes con discapacidad en aulas regulares. ABC
Estos reclamos surgen luego de que el ministro Luis Ramírez anunciara la posibilidad de revisar ambas normativas —firmadas en marzo pasado— tras planteos de gremios docentes que solicitaron la suspensión temporal de la política de inclusión, alegando falta de condiciones materiales y altas densidades en los salones.
Frente a esa postura, las entidades aseguran que la educación inclusiva es un derecho consagrado por normativas nacionales e internacionales y advierten contra cualquier retroceso que suponga segregación. Por ello, exigen al MEC:
- Cumplir con la Ley 5.136/13, destinando financiamiento, recursos adecuados, formación docente e infraestructura accesible.
- Mantener y fortalecer la Resolución 376/25, incorporando módulos de inclusión en la carrera docente.
- Aplicar la Ley N° 4.939 sobre accesibilidad y la Ley N° 3.560/10 que reconoce la Lengua de Señas Paraguaya.
- Garantizar espacios permanentes de diálogo con comunidades educativas y organizaciones de personas con discapacidad.
- Reconocer a la comunidad sorda su derecho a escuelas especializadas y promover el acceso pleno a la educación en lengua de señas.
- Incluir profesionales con discapacidad en los equipos técnicos y de formación.
En respuesta a las protestas de sindicatos como la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-SN), el MEC convocó a una mesa de trabajo sobre educación inclusiva, que se reunirá este jueves en sede a confirmar, donde participarán representantes del sector estatal y de la sociedad civil. ABC
