El presidente de la República, Juan Peña, cuenta con un plazo hasta el próximo 12 de junio para decidir si promulga o veta el proyecto de ley que crea el juzgado de la Familia en el país. La iniciativa, que fue aprobada recientemente por ambas cámaras del Congreso, ha sido calificada de “distorsionada” por varios sectores debido a la falta de consensos en aspectos clave de su redacción y a la imprecisión en los mecanismos de aplicación.
De no recibir observaciones presidenciales en el tiempo establecido, la norma se promulgará automáticamente y comenzará el proceso de implementación de estos tribunales especializados. Organizaciones de la sociedad civil y representantes del Poder Judicial han solicitado una revisión exhaustiva para garantizar la protección de derechos de menores, mujeres y grupos vulnerables, así como para articular de forma efectiva las nuevas dependencias con los órganos judiciales existentes. ABC
