Según denuncias presentadas por la oposición, firmas vinculadas al presidente Santiago Peña, como ITTI y Ueno, habrían pactado con la empresa de software Excelsis –ya integrante del consorcio ganador en 2019– para asegurar la adjudicación de la licitación de 28.000 máquinas de votación por un monto de US$ 93 millones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Paralelamente, la firma Tecmont estaría recibiendo el respaldo del funcionario José A. Alderete, lo que genera inquietud sobre un posible favoritismo político en el proceso de contratación.
La polémica se centra en la transparencia y equidad de la convocatoria, pues los críticos sostienen que la intervención de Excelsis –con historial previo en licitaciones estatales– y el patrocinio de Alderete a Tecmont podrían inclinar la balanza a favor de empresas afines al Ejecutivo.
