El pasado 16 de junio de 2025, miles de personas se congregaron en la Plaza de la Democracia de Asunción para exigir medidas concretas contra la corrupción y mayor rendición de cuentas a sus representantes. El Ejecutivo, en respuesta, convocó a un foro nacional de diálogo que incluirá a sectores de la sociedad civil, las cámaras legislativas y organismos de control.
Según la columna de opinión publicada este 17 de junio en ABC, los organizadores de la movilización plantean tres ejes centrales: reforma del financiamiento de partidos, fortalecimiento de la Contraloría General de la República y la creación de una comisión bicameral para investigar casos de alto impacto. El gobierno, por su parte, prometió presentar un borrador de leyes en las próximas dos semanas.
El principal desafío ahora es garantizar que el diálogo trascienda la retórica política y se traduzca en normativas concretas. Analistas apuntan a la necesidad de acuerdos transversales en el Senado y la Cámara de Diputados, así como a la vigilancia permanente de la ciudadanía. Mientras tanto, organizaciones sociales advierten que mantendrán la movilización hasta ver avances palpables.
Con este escenario emergente, Paraguay entra en una etapa clave: la de convertir la presión social en reformas efectivas. El cronograma anunciado prevé audiencias públicas itinerantes en varias ciudades, con el objetivo de incluir voces de todo el país y evitar que la discusión quede circunscrita al poder central.
