El 29 de mayo de 2025, el Gobierno de Argentina oficializó el Decreto 366/2025 que reforma la ley migratoria vigente, imponiendo nuevos requisitos para la residencia y la nacionalización. Según organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), la norma limita derechos fundamentales, amplía las causas de expulsión y reduce las garantías legales de los migrantes. ABC Color
Exigencias económicas y perfil de inversores
El decreto establece que para obtener la residencia permanente los solicitantes deben acreditar medios económicos suficientes y sujetarse a un perfil de “inversores”. Además, reduce de 180 a 90 días la vigencia de la residencia precaria, que ya no podrá considerarse válida para la ciudadanía y cuya aprobación queda supeditada a la Dirección Nacional de Migraciones.
Expulsiones y restricciones sociales
Diego Morales, director de Litigios del CELS, señaló que el nuevo régimen habilita la expulsión inmediata de extranjeros en situación de “flagrancia” o bajo sospecha de delito, una medida que podría aplicarse incluso a migrantes que participan en protestas. En materia de derechos sociales, la norma limita el acceso gratuito a la educación superior y al sistema público de salud a quienes no cuentan con residencia permanente.
Menos garantías para apelar
La reforma elimina los recursos administrativos previos para impugnar decisiones migratorias y fija un plazo de 15 días para recurrir judicialmente, lo que, según CAREF, “mina los derechos de las personas migrantes a defenderse de actos estatales que afectan su libertad e integridad”.
