En junio de 2025, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una normativa que sanciona con prisión y multas a quienes publiquen o difundan cotizaciones del denominado “dólar criminal” fuera de la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela. La iniciativa, promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, responde al intento de controlar la inflación y limitar la operación del mercado negro de divisas.
Según La Nación, la nueva regulación contempla, además de penas de prisión, el cierre temporal de medios de comunicación que publiquen esta información y sanciones económicas para intermediarios financieros y analistas que difundan tasas de cambio no autorizadas.
La medida se enmarca en una crisis económica caracterizada por altos índices inflacionarios y restricciones cambiarias. Analistas advierten que la penalización de la difusión de cotizaciones podría empujar aún más las operaciones de compraventa de divisas hacia el ámbito clandestino, aumentando la opacidad del mercado y la inseguridad jurídica para los ciudadanos.
