Federico Agusti, representante en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, advirtió que 2023 fue el año más violento del país y que, tras una ligera disminución en 2024, la tasa de homicidios volvió a repuntar con “números muy, muy altos” en el primer semestre de 2025, lo que ha impulsado el desplazamiento interno de cerca de 315.000 personas.
Desde enero de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa mantiene un “conflicto armado interno” y sucesivos estados de excepción para combatir a las bandas que califica como “terroristas”, sin embargo, las operaciones policiales y militares no han logrado frenar el auge de la criminalidad vinculada al narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros.
Según el estudio de ACNUR, un 13 % de los hogares encuestados reporta al menos un miembro desplazado por motivos de violencia —extorsiones, amenazas, homicidios o enfrentamientos entre bandas— y el 42 % de los desplazamientos internos se debe específicamente a estas causas, además de factores estructurales como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades.
Las provincias de donde salen más desplazados son Azuay, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas, mientras que las principales zonas receptoras son Manabí, Pichincha (Quito), Cotopaxi, así como Azuay y Guayas, que actúan tanto como expulsoras como receptoras. La mayoría de las familias desplazadas incluyen grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes, lo que exige políticas públicas de salud, educación y protección social.
La reducción de la financiación humanitaria —actualmente solo al 17 % de lo requerido— ha obligado a ACNUR a cerrar oficinas en Ibarra, Cuenca y Huaquillas, y a fusionar sedes en Quito, limitando la capacidad de asistencia a los desplazados internos.
Fuente: ABC
