El incremento sostenido de los índices delictivos en Paraguay ha puesto en jaque a los cuerpos de seguridad y al sistema judicial. Según denuncian vecinos y organizaciones ciudadanas, la Policía Nacional carece de patrulleras, personal capacitado y tecnología para responder a la ola de robos, asaltos y feminicidios que se registran a diario ABC.
Expertos señalan que la permisividad fiscal y judicial favorece la impunidad. “Los fiscales no actúan con celeridad y los jueces absolven o dictan prisiones domiciliarias que no disuaden al criminal”, advierten voces ciudadanas. Además, se plantea reducir la edad penal a 14 años, siguiendo modelos como el francés, para abordar el incremento de delitos cometidos por adolescentes ABC.
La raíz de esta crisis se atribuye a la falta de educación, pobreza, corrupción e impunidad. Organismos de derechos humanos insisten en que cualquier reforma debe equilibrar la seguridad con los estándares internacionales de protección de menores y garantías procesales. Mientras tanto, los ciudadanos demandan campañas de formación sobre derechos y obligaciones, así como la creación de comités vecinales y el fortalecimiento del 911.
En el debate político, distintos sectores cuestionan al Ejecutivo de Santísima Peña por “falta de coraje” para implementar medidas drásticas, haciendo comparaciones con la gestión de Nayib Bukele en El Salvador. Los analistas advierten que sin un consenso legislativo y un plan integral de largo plazo, las reformas penales podrían resultar insuficientes para contener la violencia.
Frente a este panorama, la sociedad civil insiste en la necesidad de organización comunitaria y presión política para exigir más inversión en seguridad, modernización del sistema judicial y programas de inclusión social que atacuen las causas profundas del delito. La discusión está abierta: ¿serán estas medidas el punto de inflexión para recuperar la paz ciudadana en Paraguay?
Fuentes originales
https://www.abc.com.py/opinion/2025/06/05/politica-y-sociedad-violenta/
